Aunque las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) pueden constituirse en espacios de integración social y ampliación de los derechos ciudadanos, un requisito indispensable es la igualdad de acceso a esas nuevas herramientas. “Sin ello, se corre el riesgo de reproducir factores de exclusión e inequidad”, señalan María Sandra Udrízar Lezcano y Mirta Liliana Ramírez, investigadoras de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), tras analizar el impacto de las nuevas tecnologías en esa región.
(18-10-07 Agencia CyTA-Instituto Leloir. Por Amelia Presman- UNNE) – La llamada brecha digital no es un mito moderno y en ciertas zonas de la geografía argentina parece crecer a pasos agigantados. Un estudio realizado en el Chaco por especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste explica cómo las tecnologías actuales de la información y la comunicación que podrían incrementar las posibilidades de integración social y la ampliación de los derechos ciudadanos terminan reforzando la exclusión y la desigualdad en poblaciones que, por ejemplo, no tienen acceso a una simple línea telefónica.
María Sandra Udrízar Lezcano y Mirta Liliana Ramírez integran un grupo que investiga los aspectos del planeamiento estratégico y la evaluación de los sistemas de telecomunicaciones. Su lugar de trabajo es el Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Rurales (GTR-UNNE), centro que hace más de diez años desarrolla tareas en la Facultad de Ingeniería de la UNNE.
Un trabajo reciente del grupo señala que las nuevas tecnologías presentan un panorama poco alentador. “Mucho se habla de la “sociedad de la información”, sin embargo en nuestra región existen localidades que no cuentan siquiera con servicio telefónico, en tanto muchas otras sólo poseen una cabina telefónica pública” sostienen las especialistas.
La Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) señala que “Todas las personas deben tener acceso a los servicios básicos de comunicación e información, para que la Declaración Universal de Derechos Humanos (UIT, 1996) sea real”. En este contexto, el acceso universal hace referencia al acceso razonable a las telecomunicaciones para todos. Incluye asimismo el servicio universal para quienes pueden pagar el servicio telefónico individual y la instalación de teléfonos o sitios de acceso públicos a una distancia prudencial para el resto de la población.
Integración social
“Cuando se habla del acceso, desde el punto de vista geográfico, se lo relaciona con distancias o el tiempo que media entre dos puntos en el espacio, y se transmite una idea del grado de vinculación entre ellos. Ocurre algo similar desde la perspectiva de las redes de telecomunicaciones” explican.
El concepto de acceso público a la información está vinculado con la posibilidad de hacer uso de forma colectiva de los servicios asociados a las tecnologías de la informática y la comunicación (TICs) que ofrecen sitios como bibliotecas públicas y centros tecnológicos comunitarios (CTCs), ya que allí la comunidad puede hacer uso gratuito de computadoras, con conexión a Internet, en horarios amplios, y con la guía de personas encargadas de brindarles apoyo y capacitación.
Los trabajos que sostienen que las TIC pueden constituirse en espacios de integración social y ampliación de los derechos ciudadanos son numerosos. “Sin embargo, para que esto suceda existen requisitos previos de igualdad de acceso e integración a ellas; sin estas condiciones se corre el riesgo de reproducir factores de exclusión e inequidad”, entienden las investigadoras.
Esto significa que las TIC tendrían un gran potencial para generar sociedades más equitativas, aunque en la práctica se observa la concepción de una nueva lógica de exclusión social o “brecha digital”. “Esa brecha puede expresarse tanto en las carencias más tradicionales (por ejemplo, la falta de acceso a un teléfono público) como en las más sofisticadas (la imposibilidad de contar con acceso económico a Internet).
El trabajo destaca que en la Argentina, la universalización del acceso a las TICs se amplía más allá de la telefonía básica mediante el Decreto Presidencial 554/97 que declara “de Interés Nacional el acceso de los habitantes de la República Argentina a la red mundial Internet, en condiciones sociales y geográficas equitativas”.
Udrízar Lezcano y Ramírez consideran que los análisis efectuados confirman que en esta región se está lejos de alcanzar ese objetivo, a pesar de la necesidad señalada de brindar “acceso” de manera equitativa y de los fondos destinados a tal fin.
En ese sentido aseguran que no sólo el gobierno nacional realizó inversiones sino también las operadoras telefónicas que formalizaron acciones para facilitar el acceso a Internet, habilitando zonas de servicio con tarifas preferenciales conocidas como áreas de servicio extendido. Pero esas medidas resultaron poco efectivas.
En dichas zonas los usuarios de Internet que se conecten mediante el discado telefónico (dial-up) lo hacen a tarifas con descuento, o tarifa 0610, en un círculo de 30 Km de radio desde una ciudad denominada cabecera de ese servicio.
Posteriormente, se incorporaron áreas de acceso discado a tarifa 0611 en las que se paga la llamada al costo local para las localidades comprendidas en un anillo concéntrico al anterior y que se confinen entre 30 y 55 Km. Finalmente se establecieron áreas con tarifas con descuento conocidas como tarifas 0612 para aquellas localidades distantes a más de 55 km.
Menos posibilidades de comunicación
En la región del Chaco en la distribución de esas zonas se observa un gran número de localidades que no se ven beneficiadas por los descuentos, lo que implica que aquellas ciudades que no cuenten con un proveedor de servicios de Internet (ISP) local, deberán afrontar el costo de una comunicación de larga distancia cuando necesiten conectarse a esa red.
Existen además pequeños asentamientos que geográficamente estarían dentro de la zona de cobertura de alguno de esos beneficios pero que no pueden hacer uso de él, ya sea porque no existe infraestructura (es decir no hay servicio telefónico) o porque la existente es obsoleta y no reúne las condiciones técnicas necesarias. “Es obvio que esos asentamientos son los que menos opciones de comunicarse poseen. Registran los mayores índices de necesidades insatisfechas y en ellos la posibilidad de comunicarse, informarse y capacitarse a través del uso de las TICs tendría un mayor impacto”.
El Chaco es un territorio marginal no sólo desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista de la situación de la población, que se halla entre las jurisdicciones menos favorecidas. “Esa circunstancia se repite también en lo que hace al acceso público a la información ya que las inequidades no se limitan sólo al aspecto económico, sino que se perciben también en la distribución geográfica y en la infraestructura vial” afirman.
Las poblaciones que poseen bibliotecas populares o CTC son escasas, lo que incrementa los tiempos de viaje necesarios para acceder a ellas. “En otras palabras, en el Chaco, más de 50 mil personas tienen que emplear un tiempo mayor a 30 minutos para poder acceder a establecimientos que posibiliten la utilización de los servicios brindados por las TICs.”
Ya que al referirse a la era de las redes se destaca la posibilidad de ampliar los medios de acción de las personas, facilitando el empleo de los conocimientos colectivos existentes en el mundo, “el gran reto del nuevo siglo es velar por que toda la humanidad tenga acceso a esa potenciación y no sólo unos pocos afortunados” concluyen las especialistas.