En la provincia de San Luis se sancionó una ley que propone la “expropiación” del Parque Nacional Sierra de las Quijadas y pone en riesgo ese territorio. Los Parques Nacionales son considerados el eslabón fundamental del sistema de áreas protegidas, y los que mayores garantías brindan a la conservación de la diversidad biológica y los servicios ambientales.
(18/08/10 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. En 1991 se creó el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, un territorio de 150 mil hectáreas situado al noroeste de esa provincia, perteneciente a las ecoregiones monte de llanuras y mesetas y chaco seco. Uno de los motivos que influyeron en la elección del área fue la existencia de una singular formación geológica en el centro norte de las Sierras, denominada Potrero de la Aguada. Consiste en un enorme anfiteatro natural rodeado en su totalidad de abruptas paredes de areniscas y aglomerados de coloración rojiza, en las cuales la erosión ha labrado las más caprichosas formas.
El objetivo de ese acuerdo suscripto entre la provincia de San Luis y la Administración de Parques Nacionales tiene como objetivo la cesión de jurisdicción por parte de la provincia de San Luis a favor de la Nación para la creación del Parque Nacional. “Sin embargo, recientemente el Gobierno de San Luis sancionó la Ley Provincial Nº V-0721-2010, con el argumento de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los derechos cedidos al Estado Nacional sobre el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, con el argumento de restituir dichas tierras a la comunidad Huarpe”, señaló a la Agencia CyTA María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
De acuerdo con Di Paola, “la sanción de la ley provincial pone en riesgo la protección del Parque Nacional Sierra de las Quijadas porque el área protegida dejaría de estar bajo la supervisión de la Administración de Parques Nacionales, institución con amplia y comprobable experiencia en la materia y en el manejo de la infraestructura desarrollada en el área a los efectos de cumplir con los objetivos de la Ley Nº 24.015 que creara oportunamente el Parque Nacional Sierra de las Quijadas.”
A raíz de estos acontecimientos, el Comité Argentino de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) emitió un comunicado de prensa que refleja la posición de rechazo a la medida que apunta a la expropiación de ese parque nacional. Las razones por las que se oponen a esa Ley Provincial fueron consensuadas por las organizaciones que conforman la UICN que nuclea a doce miembros, uno de ellos un organismo de gobierno, la Administración de Parques Nacionales, otro el propio Estado Nacional representado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y las organizaciones no gubernamentales (ONGs), Asociación Civil Los Algarrobos, Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca), Centro de Derechos Humanos y Ambiente, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Ambientalista Sanjuanina, Fundación Hábitat y Desarrollo, Fundación Red Informática Ecologista, Fundación Patagonia Natural, Fundación PROTEGER y Fundación Vida Silvestre Argentina .
En contra de la ley de expropiación
De acuerdo con el comunicado de prensa de la UICN, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, creado por Ley Nacional 24.015, es patrimonio de todos los argentinos y protege 150 mil hectáreas de la ecorregión del Monte, “un ecosistema único de nuestro país.”
Asimismo destaca que la ecorregión del Monte se encuentra escasamente protegida en Argentina (sólo un 4,17 por ciento de su superficie), lejos del 10 por ciento propuesto por la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, y la desafectación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas disminuye aún mas ese porcentaje.
Otra de los puntos que plantea el comunicado de prensa de la UICN es que “la provincia de San Luis cedió la jurisdicción a la Nación de las tierras que componen el Parque Nacional, en beneficio de toda la sociedad Argentina, incluyendo a los pueblos originarios.”
Por su parte la directora ejecutiva de FARN, Di Paola, afirma que los derechos de las comunidades y pueblos originarios de Argentina se encuentran ampliamente garantizados en nuestra Constitución Nacional, y por medio de la Ley Nº 26.160 de Emergencia de Tierras de las Comunidades Originarias. “Estos derechos pueden ser compatibilizados con la existencia de un área protegida como es Sierra de las Quijadas. FARN advierte en este sentido que existe un retraso injustificable en el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades, las que no gozan en la práctica de las garantías que el derecho internacional y argentino les reconoce. Sin embargo, las razones por las cuales el goce efectivo de estos derechos se encuentra postergado no se relacionan con la existencia de áreas protegidas o de este Parque Nacional en particular, sino más bien con el déficit con el cual las autoridades provinciales y nacionales han manejado la cuestión de la titulación de las tierras en las distintas regiones de nuestro territorio.”
“Los intereses y derechos de los pueblos Huarpes deben ser efectivamente reconocidos y debería existir a nivel nacional y provincial, una política que apunte a ello conforme lo establecen la Constitución Nacional, los convenios internacionales y la Ley 26.160”, subraya el comunicado de prensa de la UICN. Y continua: “Existen antecedentes en diferentes provincias del país, donde la restitución de tierras a comunidades de pueblos originarios se ha hecho de forma ordenada y sin afectar a las áreas protegidas existentes (casos Salta y Chaco).”
Por otra parte todas las instituciones que integran la UICN afirmaron que “los Parques Nacionales, son el eslabón fundamental de nuestro sistema de áreas protegidas, y los que mayores garantías brindan a la conservación de la diversidad biológica y los servicios ambientales. Y agregaron que “las leyes provinciales son de menor jerarquía que las nacionales, como ocurre con la Ley de creación del Parque Nacional, donde los representantes de todos los Argentinos acordaron la conveniencia de proteger a perpetuidad, los recursos naturales y culturales del área cubierta por Sierra de las Quijadas.”
En este sentido, Di Paola, afirmó que “la decisión tomada por Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, cristalizada en la Ley N° V-0721-2010, se encuentra viciada de nulidad absoluta, en tanto la jurisdicción sobre Sierra de las Quijadas no corresponde a la provincia sino a la Nación. Además, ignora de manera flagrante la Constitución Nacional y los compromisos internacionales asumidos por Argentina en orden a la protección de su biodiversidad.” Y agregó: “Tanto los derechos de los pueblos originarios como los de todos los argentinos de gozar de un medio ambiente sano, deben ser respetados, y por ello instamos a encontrar una solución que conjugue los derechos territoriales con la protección de la biodiversidad: es necesario para todos mantener una de las pocas áreas protegidas con que cuenta nuestro país en la región.”
Atento que la Administración de Parques Nacionales ha recurrido ante la Corte Suprema de Justicia para que esta haga lugar a un pedido de medida cautelar contra la expropiación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas por parte del Gobierno puntano, “FARN confía que el Máximo Tribunal se expedirá prontamente a favor del pedido de la Administración de Parques Nacionales, reafirmando así la condición de Sierra de las Quijadas como Parque Nacional, destinado a proteger a perpetuidad, su valioso patrimonio natural, paleontológico y arqueológico”, concluyó Di Paola.
El Parque Nacional Sierra de las Quijadas constituye un valioso patrimonio natural, paleontológico y arqueológico.
Créditos: Wikipedia